Yolanda Martínez.
¿Qué avances públicos destaca como positivos en Chile en transformación digital?
Históricamente, ChileCompra y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han estado a la vanguardia. Más recientemente, ChileAtiende es una referencia regional junto con la Clave Única, una solución muy pragmática y efectiva para la identidad digital. A esto se suma la modernización de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), proceso que el Banco viene acompañando desde 2015, en el marco del Programa de Modernización del Sector Público que lidera el Ministerio de Hacienda.
Se observa como un caso exitoso de transformación digital, cuando vemos que ha podido continuar trabajando 100% en línea en el contexto actual, a partir de una estrategia de cero papel, reducción de tiempos de espera y uso de inteligencia de datos, entre otros. Además, está el software de tramitación simple, que ha sido usado en varios países de la Región, como Uruguay.
¿Qué experiencias regionales podría destacar en cuanto a esta transformación?
Uno de los países más avanzados es Uruguay, con una alta tasa de trámites 100% en línea y una plataforma de interoperabilidad con uso relativamente alto. Por otro lado, México fue pionero en la Región en la implementación del portal único de trámites (www.gob.mx). En Panamá también hay una experiencia muy interesante de una plataforma de gestión que el gobierno nacional pone a disposición de los municipios.
La pandemia mostró que somos un país desigual en términos digitales, ¿qué tan marcada es la brecha?
Según la Subtel, un 44% de los hogares no cuenta con conexión fija a Internet, solo un 50,4% tiene notebook y un 20,6% computador fijo, y en pocos casos se dispone de un espacio aparte para ocuparlo, debido a los altos índices de hacinamiento en sectores vulnerables. A esto se suman desafíos de habilidades y conocimientos para trabajar, estudiar e interactuar de forma digital.
Estas brechas digitales ganan importancia y se transmiten a otros aspectos, especialmente en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, para responder al cierre de las escuelas debido a la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó la plataforma Aprendo en Línea, la cual posee los contenidos curriculares organizados para los cursos de 1° básico a 4° medio. Debido a las brechas en acceso a Internet y falta de alfabetización digital, esta plataforma está alcanzando a solo parte de los estudiantes, motivo por el cual se tuvo que fortalecer el apoyo a las familias con otras iniciativas, como un canal de televisión con contenido educativo.
¿Cómo es posible hacer frente a la desigualdad desde el desarrollo digital?
Se debe trabajar con la premisa de la inclusión, asegurando la ciudadanía digital como un derecho de todos, lo que implicaría universalizar la conectividad a cada hogar a precios asequibles, además de educación e identidad digitales. El BID colabora con la Subtel en la implementación del Plan Social para el Desarrollo Digital, una iniciativa que articula iniciativas público-privadas y de la sociedad civil para impulsar el mejor uso y aprovechamiento de la conectividad en Chile.
¿Qué elementos deben confluir?
Es necesario: universalizar la conectividad; programas especiales de alfabetización para grupos específicos; una buena coordinación entre los sectores público, privado, sociedad civil y academia; y desarrollar programas académicos para que los jóvenes se vuelquen a las nuevas profesiones en el ámbito de la ciberseguridad y la ciencia de datos, por ejemplo.
¿Qué deberían considerar las políticas públicas en este sentido?
Son esenciales marcos regulatorios que favorezcan la contribución de privados a la transformación, velar por la protección de datos personales, considerar que la ciberseguridad es un campo nuevo y central y que, con incentivos o incluso coordinando la creación de plataformas ad-hoc, se fomente la adopción de tecnologías por parte de las Pymes.
¿Cómo podemos avanzar en desarrollo de habilidades digitales?
Un estudio de la Comisión Nacional de Productividad (CNP 2018 en base a encuesta PIAAC) muestra que solo el 2,1% de los adultos en Chile alcanza el nivel de competencia más alto (el tercer resultado más bajo de los países que participaron en el sondeo) y un tercio de los encuestados no pudo hacer la prueba, por no saber operar un computador.
Asimismo, un 78% de los trabajadores solo cuenta con las habilidades digitales más básicas: usar el correo electrónico y buscar algo en Internet, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 43%.
Hay espacio para avanzar en este tema en Chile, como en muchos otros países. Desde el lado de la demanda de servicios digitales, es importante, tal como hizo Estonia, la alfabetización digital enfocada en grupos específicos que, por razón de edad o nivel socioeconómico o educativo, no estén pudiendo aprovechar la era digital.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ofrece cursos de alfabetización digital y estos pueden ser elevados para un segmento importante de la población. Para personas que ya cuentan con un nivel de alfabetización digital mínimo, la iniciativa públicoprivada Talento Digital para Chile busca capacitar en habilidades digitales a 16 mil personas, con una meta de inserción laboral del 70%.
Desde el lado de la oferta, es conveniente incentivar la generación de tecnologías como complemento de las que se adopten de otros países, así como fomentar su uso en las Pymes. Para que las pequeñas y medianas empresas de “Un 78% de los trabajadores solo cuenta con las habilidades digitales más básicas: usar el correo electrónico y buscar algo en Internet” la Región y de Chile puedan fortalecer la adopción del comercio electrónico, requerirán digitalizar procesos empresariales en algunas o todas las siguientes áreas: medios de pago, plataformas de compraventa, y logística.
¿Se necesitará una reconversión laboral con las nuevas tecnologías?
Sin duda. La automatización siempre genera el fenómeno de nuevos empleos cada vez más especializados y pérdida de puestos en actividades de bajo valor agregado. Chile ya estaba atravesando una transformación de su economía y mercado laboral con la perspectiva de generar más de 2 millones de trabajos con habilidades nuevas/diferentes que sustituyan casi 2 millones de empleos en riesgo. El objetivo es que el país capte una parte importante de los puestos que se crean en la nueva economía. En estos momentos, el BID está preparando un estudio de este aspecto en la función pública.