Para lograr el objetivo de un Estado que provee un mayor bienestar a los ciudadanos, es de suma relevancia considerar las capacidades digitales que existen actualmente y cuáles son las restricciones a las que se ve enfrentado hoy el Gobierno para apalancarse de los beneficios del uso de la tecnología, la cual sería de gran ayuda para lograr distintos objetivos en pos de la ciudadanía. Hoy por hoy existen tecnologías que permiten capitalizar el uso de la información. A través del análisis y la aplicabilidad de modelos predictivos, es posible formar un Estado Digital que identifique eficazmente las necesidades de las personas para abordarlas con políticas y servicios públicos más eficientes en su actuar e incluso reducir el gasto de la salud producto de un mayor nivel de prevención enfocado en sus factores determinantes.
El Estado debe tener la capacidad de medir el impacto por cada peso gastado, y no solo a nivel de la ejecución presupuestaria. Asimismo, debe ser capaz de interoperar y determinar cuál es el viaje de un ciudadano dentro de todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Valorar la capacidad de transformar las acciones en bienestar y generar un espacio propicio para el buen vivir.
En la actualidad existen capacidades limitadas y diversas, donde hay entidades del Estado con un bajo nivel de digitalización y, en otros casos con un alto nivel. Esta variabilidad impacta al ver la agregación del servicio público cuando se analiza el flujo de la información desde un lugar a otro, donde finalmente el Estado es uno para los ciudadanos y hoy en día es una visión que no es fácil de ver.
Es muy común observar la creación de nuevas entidades, subsecretarías, divisiones y áreas, pero lo que no se ve es la complejidad que se agrega al no tener un mayor nivel de integración entre los entes estatales. Si bien estas creaciones permiten abordar el problema en el corto y quizás mediano plazo, no posibilitan dar solución a los problemas del futuro. Por otro lado, es necesario construir más capacidades digitales para lograr cohesionar a las comunidades, para que desde ellas mismas nazca el primer soporte social a través de la conectividad.
La digitalización es un camino que se debe recorrer a nivel país. La tecnología nos puede brindar un mayor nivel de satisfacción, permitiendo incluso disminuir el riesgo de ocurrencia de delitos; posibilita tener un mayor control, pero además tener más información para ser más proactivos en la toma de decisiones.
Los retos de la digitalización del sector
No es imposible imaginar un Estado que, a través de un número de identidad que se utiliza prácticamente para todo en este país, pueda tener la capacidad de utilizar el valor de la información desde una perspectiva estadística para lograr interpretar y predecir vulnerabilidades a futuro. Chile tiene una particularidad única a través del Rol Único Nacional (RUN) que solo podría aprovecharse si existe un mayor grado de digitalización, de seguridad de la información y de interoperabilidad estatal.
Este desafío requiere de la colaboración de distintas organizaciones del mundo privado, académico y de la sociedad civil. Requiere pensar en grande, pero con un proceso de testeo continuo que permita ir demostrando los impactos para luego escalarlos a mayores envergaduras. Debido al nivel de madurez de digitalización e interoperabilidad de nuestras entidades públicas, se necesita una colaboración intersectorial que aborde los desafíos como clústeres, y que desde la estrategia exista también un mecanismo de financiamiento que permita integrar las soluciones y no verlas bajo la individualidad tradicional del presupuesto institucional y los mecanismos de compras tradicionales. Sin duda, la digitalización en el Estado requerirá de la revisión y redefinición de las regulaciones para que exista un equilibrio entre la confianza y la transparencia que se necesita, y la flexibilidad de incorporar, promover y pilotear ideas innovadoras que desafíen paradigmas. Se necesitarán funcionarios públicos más abiertos al uso de la tecnología, instituciones públicas abiertas a la colaboración intersectorial con el objetivo central de mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar los mecanismos de financiamiento para la modernización, y generar mecanismos regulatorios que promuevan la innovación pública sin mermar la transparencia y la probidad.
También será necesario pensar que las entidades públicas deben ser el mejor lugar para trabajar y para desarrollar carreras profesionales, con el objetivo de capturar a los mejores talentos que promuevan la esencia del servidor público y la contribución a la ciudanía. En la línea de esto, a mediados de 2020 y producto de la pandemia, Deloitte a nivel global generó un estudio que permite ver cuáles son los paradigmas que se requieren desafiar para lograr prosperar y mejorar la calidad de vida de las personas. Se identificaron tres grupos principales y diez paradigmas en total que se describen en la tabla a la izquierda.
Es imposible pretender tener resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo. Es necesario desafiarnos y poner el bienestar de la ciudadanía en el centro, preocuparnos y ocuparnos de sus problemas, y comenzar a desarrollarnos como un solo país, donde entidades públicas, privadas, academia y sociedad civil trabajan en conjunto con el mismo objetivo. Es momento de elevar la discusión sobre el rol que cada institución cumple en el país, cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía y cuál es el impacto positivo que se generará independientemente de la naturaleza del negocio.
