Hoy en día, las nuevas herramientas tecnológicas ofrecen al Estado eficiencias en costos y recursos, y oportunidades únicas como mayor sostenibilidad y agilidad, que redundan, en su conjunto, en una mejor entrega de servicios gubernamentales y mayor accesibilidad ciudadana e inclusión.
Los principales beneficios que la transformación digital trae a los gobiernos son los siguientes:
• Incremento de la disponibilidad de servicios públicos en línea:
Prestar trámites presenciales cuesta al Gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital. La provisión de servicios online puede llevar a soluciones más rápidas, pues tanto la interacción como la posibilidad de recopilar información están acentuadas por los medios automatizados. Solo la mitad de los trámites presenciales se resuelven en una sola interacción con la entidad pública, y el 25% de ellos requiere tres interacciones o más, lo que genera un gran costo para acceder a servicios básicos como la educación, la salud, el pago de impuestos o la obtención de certificados. Estos costos son más altos para las personas de bajos ingresos, que tienen menos flexibilidad laboral y pierden ingresos por pasar horas en una fila.
• Reducción de obstáculos innecesarios para las Pymes:
La legislación debe poder adaptarse e incorporar rápidamente las tecnologías que surjan, para facilitar e incentivar el emprendimiento. Un país más productivo no solo crece más, sino que tiende a ser más equitativo. Barreras innecesarias a trámites mal diseñados pueden llevar a emprendedores a desistir. La simplificación de trámites y su digitalización permite introducir mayor competencia, hacerlos más expeditos y más transparentes.
• Gestión pública eficiente y el Gobierno como líder tecnológico:
El aprovechamiento óptimo de la tecnología por parte del Gobierno es clave para potenciar el alcance, calidad e impacto de los servicios públicos y de la función pública en general. La tecnología es un aliado clave para cualquiera de las funciones gubernamentales: salud, educación, transporte, seguridad pública, seguridad social, seguridad nacional, manejo y recuperación de desastres, etc. Es más, la tecnología facilita la capacidad de compartir datos valiosos entre organismos públicos, cuando esto es legal y se hace necesario.
Ley de Transformación Digital
Por lo anterior, valoramos la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado que modifica las bases de los procedimientos administrativos para su digitalización, buscando que cada uno de estos se exprese a través de medios electrónicos, para lo que se deberá disponer de plataformas electrónicas con estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad. Destacamos el concepto de Identidad Digital, que permitirá que cada persona tenga una identidad en la red para poder autentificarse digitalmente, a través de su computador o celular, frente a todos los trámites y servicios (salud, educación, municipal, etc.) del Estado. El resultado de esta ley será tener un Estado cero papeles y cero filas, incrementando los servicios en línea, y mejorando mucho la calidad de vida de nuestros ciudadanos y empresas.
Esta nueva forma de Gobierno Digital se apalanca fuertemente de la computación en la nube para lograr mayor eficiencia en el manejo de recursos públicos, pues permite evolucionar la administración de recursos tecnológicos de los organismos de un modelo con fuertes inversiones de capital a uno de manejo bajo demanda, con ahorros significativos y gran agilidad en su despliegue en el país; y posibilita a las empresas y organizaciones gubernamentales adaptarse con agilidad a las nuevas demandas y desafíos. La potencia informática y capacidad de almacenamiento que ahora están disponibles permiten a las organizaciones desplegar nuevos servicios con una velocidad significativamente mayor -y con menos riesgo- que en el pasado.
Con la nube, el Gobierno puede ajustarse fácilmente a repentinos aumentos de la demanda, pues esta no está limitada a la capacidad de sus servidores internos. Los datos en la nube son muy seguros ya que son cifrados, por defecto, en instalaciones altamente protegidas con múltiples niveles de seguridad física y lógica, los cuales se certifican de manera periódica con los estándares internacionales más rigurosos.
Municipalidades digitales
El alto de grado de urbanización en Chile, cercano al 90%, implica que muchos servicios del Estado son entregados localmente por los municipios, representando importantes desafíos de gestión para estos, que, en muchos casos, deben coordinarse con el nivel central del Estado o bien con las comunas aledañas para prestar estos servicios. Ejemplos de estos desafíos municipales son: gestión del tráfico en la comuna, gestión del consumo de energía (iluminación de las calles), contaminación ambiental, manejo de residuos, gestión de la seguridad, además de mantención de mobiliario urbano y de infraestructura pública, entre otros. Las ciudades inteligentes son una nueva forma de ver a las urbes como un sistema complejo y dinámico, que utiliza la tecnología y la innovación para promover un desarrollo sostenible de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Las tendencias hoy en día apuntan a ciudades inteligentes abiertas, participativas y colaborativas, incorporando el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia, con datos abiertos (open data) y código fuente que adhiere a estándares abiertos, interoperable y seguro.
Las tecnologías habilitantes, como Internet de las Cosas (IoT), sensores inteligentes, servicios en la nube, Big Data, Blockchain, aplicaciones móviles e Inteligencia Artificial, permiten mejorar la calidad y la eficiencia de la gestión de los servicios en las ciudades. Algunos ejemplos de servicios que pueden ser implementados con infraestructura digital en estas nuevas ciudades Inteligentes son:
• Alumbrado público inteligente y conectado.
• Televigilancia inteligente con el uso de cámaras y de sistemas de reconocimiento facial para aumentar la seguridad en estas.
• Gestión de residuos con sensores.
• Sistemas inteligentes de transporte, que coordinan la información de flujos.
• Monitoreo ambiental, con el cual se puede conocer en tiempo real el nivel de contaminación por material particulado de la ciudad.
En conclusión, los desafíos para alcanzar un Estado Digital, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobierno local, son importantes y requieren el aporte y la coordinación de toda la sociedad. Chile debe avanzar en todos los frentes, implementando en forma decidida la Ley de Transformación Digital del Estado en todos los niveles. Asimismo, debe seguir impulsando la digitalización de los servicios propios de las funciones gubernamentales tales como: salud, educación, transporte, seguridad social, seguridad pública, y seguridad nacional, entre otros. Desde ACTI, con nuestros socios, estamos comprometidos con ayudar a generar agendas de transformación digital de estas funciones públicas.
