Dentro de sus dos pilares, interdependientes e interconectados, busca convertirnos en un país conectado, sin brechas y digitalizado, cimentando así la base del ecosistema digital.
La digitalización documental como integrante de la estrategia digital del país
Cuando hablamos de digitalización documental nos referimos más allá del proceso de pasar la documentación física a formato y datos digitales. Implica también una serie de cambios que conllevan diversos desafíos que deben ser sorteados desde el sector público, empresarial, académico y la sociedad civil.
Tal como lo establece el documento presentado en 2022 por el poder Legislativo en conjunto con la CEPAL, se trata de una nueva modalidad de comunicación y de relación con el ciudadano, de forma más eficiente, transparente, participativa e inclusiva. Al mismo tiempo, este traspaso implica importantes ahorros en costos de almacenamiento, rapidez y disminución en los riesgos de fraude. Desde el sector público esto ha sido abordado en la Ley de Transformación Digital del Estado, que obliga gradualmente a sus órganos de disponer y utilizar adecuadamente plataformas electrónicas (salvo las excepciones legales) con estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad.
Al mismo tiempo esta transformación se ha convertido en un poderoso aliado para las pequeñas y medianas empresas, uno de los pilares de la economía nacional. De acuerdo con datos de “Chequeo Digital”, una herramienta online del Ministerio de Economía, que fue desarrollada por Fundación País Digital (FPD) junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca de un 70% de las Pymes se han incorporado al mundo de la digitalización. Entre las más avanzadas las correspondientes al sector de comercio al por mayor y al por menor, junto con la industria manufacturera y turismo.
Similares beneficios han obtenido diversas entidades académicas a lo largo de nuestro territorio. Las que han podido subir a la red tesis, artículos, papers, ponencias y revistas de estudio, entre otros documentos, y compartirlas con bases de datos digitales tanto nacionales como extranjeras, permitiendo así la divulgación, conservación y preservación de archivos tanto actuales como históricos y conectando la educación superior con el desarrollo sostenible del país. Esto además, se suma a una política de modernización financiera y de gestión, encabezada por el Ministerio de Educación, la que junto con lo anterior propone una modernización que atienda las problemáticas de inclusión y brechas de género.
En cuanto a lo concerniente al almacenamiento seguro de datos digitales, tanto públicos y privados, como lo son firma electrónica, certificación de datos personales y públicos, tan solo por mencionar algunos, existen diversas condiciones de seguridad y resguardo a los que debemos atender y aquí toman vital importancia la infraestructura y los centros de datos.
La relevancia de los datos digitales
La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha destacado el valor y el aporte que este tipo de herramientas de gestión de datos digitales significan para el país y que deben ser consideradas como una política de Estado. Desde la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G, consideramos que en esa área existe un tremendo escenario para invertir, dado los factores de conectividad, uso de energías renovables, acuerdos comerciales internacionales y capital humano especializado, que entre otros han dado pie a que las empresas líderes en esta materia se hayan instalado aquí.
A todo lo anterior, se agrega la pronta entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad, la que permitirá establecer una nueva institucionalidad y diferentes principios para la estructuración, regulación y coordinación de las acciones en esta área a los organismos del Estado. Esto en conjunto con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, dándonos fuerza en esta materia y que precisa de la colaboración de todos los sectores previamente mencionados.
En vista de todo lo anterior, es esencial que mantengamos un enfoque continuo en la actualización de medidas de seguridad y de resguardo. Fomentar la colaboración entre los sectores público y privado para asegurar un desarrollo digital sostenible y equitativo en los próximos años, no solo en lo que respecta a materia documental, sino también entendido como parte de un ecosistema completo. Este de ser bien ejecutado podrá perdurar en el tiempo y permitirá contar con un sistema entrelazado y bien preparado para los futuros desafíos tecnológicos.
