La ley 21.521, denominada “Ley Fintech”, se publicó a comienzos de 2023 en el Diario Oficial, apuntando a “promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la presentación de servicios financieros”.
Para determinar normas secundarias que regularán la aplicación práctica en esta legislación, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) convocó a diversos actores de la industria para generar propuestas y normativas que deben estar listas antes del año 2024 para su implementación.
El sector ha tenido un crecimiento sostenido y es posible encontrar Fintech nacionales, operando desde Chile, con presencia en otras partes del mundo. Sólo en el país son más de 100 las empresas participantes en un contexto donde la digitalización va al alza favoreciendo tanto a usuarios como empresas del rubro.
“Como usuarios y consumidores, necesitamos productos que nos faciliten la vida: pagar menos comisiones por un servicio bancario, simplificar los cobros de la tarjeta de crédito, disponibilidad 24/7 del sitio web de nuestro banco. También la libertad de poder elegir entre múltiples opciones cuál es la mejor, si quiero invertir o si prefiero realizar pagos locales o globales. Que los procesos fluyan. En el caso de las empresas, que puedan optar a alternativas que vayan más allá de las limitaciones de los bancos o el factoring, que mientras más posibilidades de elegir existan, más conveniente sea la decisión final”, explica Martín Jofré, cofundador y director legal de la empresa CryptoMarket.
“Estamos en un momento histórico en términos de regulación financiera en Chile. Queremos ver cómo será la normativa y la forma de implementar la Ley Fintech de cara a los próximos años. Además, coincide con la experiencia alcanzada por nuestra empresa en otros mercados, como el europeo, donde las reglas están definidas hace tiempo”, comenta Jofré, quien es parte de las mesas de trabajo de la CMF.
La ley permite ingresar como actores financieros a nuevas entidades, además de los bancos, abriendo la puerta a nuevas empresas que ofrecerán este tipo de servicios. Además, a juicio de expertos, esta ley podría contribuir a que Chile se convierta en un centro de tecnología financiera en Latinoamérica, calculando que la industria podría duplicarse en los próximos cuatro años, junto con ampliar y diversificar la oferta de bienes y servicios, democratizando su acceso, además de incentivar la competencia.
