El e-government o gobierno electrónico es una tarea de la Agenda Digital, una responsabilidad de gobierno, y que por años ha sido muy bien evaluado tanto en Chile como en el exterior. En efecto, logramos en el informe de competitividad del World Economic Forum WEF 2004-2005 el quinto puesto en acceso a trámites en línea. Ello gracias a destacadas iniciativas implementadas por el Servicios de Impuestos Internos, el Registro Civil y ChileCompra, entre otras. Sin embargo, el último año ha sido menos dinámico en proyectos emblemáticos de esa naturaleza. Ya durante el 2005, como ACTI pedimos que Aduanas, el Instituto de Salud Pública y muchos otros servicios claves para la gestión del comercio interno y externo mejoraran sus prestaciones a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Asimismo, hemos expuesto la necesidad de más proyectos ancla o emblemáticos que mantengan la energía que se ha desplegado hasta hoy, aportando desde la modernización tecnológica a la productividad del país. Si bien reconocemos el progreso de algunos programas exitosos y valoramos los avances del portal de trámites, identificamos algunas tareas pendientes relacionadas especialmente con la interoperabilidad entre los servicios públicos para lograr mayor coordinación y estándares entre las oficinas públicas, mejorando su quehacer.
De hecho, en Enade 2006 (Encuentro Nacional de Empresarios), los gremios empresariales apoyaron la urgencia de continuar con la modernización del Estado. Los trámites a disposición de los ciudadanos y empresas deben ser más completos, debemos pasar desde los certificados simples a aquéllos más complejos por Internet. En el mismo sentido, la interoperabilidad entre los ministerios y servicios es clave, pues no corresponde que al realizar un trámite en un servicio muy bien informatizado debamos imprimir un comprobante para presentarlo en un segundo servicio también con muy buena tecnología. Por ejemplo, se han anunciado licencias médicas electrónicas,y esperamos la coordinación natural entre la base de datos del Registro Civil, las de Fonasa y las de las isapres para estos efectos y el beneficio de los ciudadanos.
La tecnología es transparencia
Por ello nuestra asociación considera preocupante que el uso de las TIC como mecanismo de apoyo a la gestión pública no estuviera presente en el debate público de la Ley de Presupuesto que se aprobó a fines de Noviembre. Creemos que debería discutirse, más que las partidas para un ministerio o un programa específico, cuál es el mejor enfoque para mejorar la productividad y transparencia de todos esos organismos, que sabemos aún están retrasados en el camino del gobierno electrónico.
A ello se suma el hecho de que el presupuesto aprobado contempla bajos niveles de inversiones en TIC. Según cifras oficiales -como las de la Cuenta Satélite- la inversión TIC del Estado no supera el 10% de las ventas de toda la industria, en circunstancias que debería ser casi el doble para ser consistente con su participación como ente activo de la economía chilena, que actualmente gravita en un 20%.
Teniendo en cuenta este contexto, celebramos la iniciativa anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de Mayo -reforzado por la Mandataria en Noviembre último-, cuando manifestó la necesidad de modernizar los organismos de apoyo al Poder Judicial. Y especialmente luego de que la Corte Suprema autorizara el uso de la firma electrónica en documentos oficiales de notarios, conservadores y archiveros judiciales, esperamos que en el corto plazo se produzca efectivamente la automatización de estas instituciones, ya que además de producir importantes ahorros de tiempo y de costos en la realización de trámites, permitirá un aumento notable en la transparencia y la productividad.
ACTI A.G. ha querido esperar que el debate sobre la transparencia en la gestión pública tome el curso que hemos conocido con las medidas anunciadas. En especial, compartimos totalmente aquéllas que se apoyan en tecnología para acercar a la gente la información del avance de la ejecución presupuestaria, de actos regulatorios y otros instrumentos públicos. La tecnología es transparencia.
