A raíz de lo sucedido en el último tiempo, queda más claro aún que Chile necesita de una “seguridad integral” que sea capaz de enfrentar de forma simultánea todos los riesgos que tan bien describe el Índice de Riesgos Globales que cada año publica y actualiza el Foro Económico Mundial (https://es.weforum.org/reports/theglobal-risks-report-2019). Por eso es fundamental especializar un ministerio que se encargue de la seguridad pública -tal como lo define el Artículo 101 de la Constitución-, del cual, además de depender la fuerza pública, dependan las agencias encargadas de determinar los riegos y enfrentarlos, como lo son la nueva Agencia Nacional de Emergencias en tramitación legislativa para reemplazar a la Onemi, la renovada Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en proceso de fortalecerse por la Ley 19.974 que le dará mayores facultades y competencias, junto a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se creará el año 2020. Así se podrá enfrentar de mejor forma, por ejemplo, la detección temprana de riesgos a la infraestructura crítica del país, la cual debe contar con seguridad física entregada por los protocolos de cada industria, sus guardias privados, la protección que puedan dar las fuerzas de orden y seguridad pública y la seguridad digital que provean las empresas que les presten servicios o sus CSIRT sectoriales, monitoreados por la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La seguridad física y la ciberseguridad deben ir de la mano y por eso lo relevante del trabajo que tendrá esta nueva agencia en la protección de la infraestructura crítica de la información, de la cual cada vez se tiene mayor dependencia.
Lo anterior requiere de un cambio cultural en todos los que hacen uso de las tecnologías digitales, partiendo a edad temprana, cuando por primera vez se conectan a Internet, para conocer todas las ventajas, pero también los riesgos que se enfrentan. Esta nueva cultura es esencial para transitar a una economía basada en datos, donde los datos personales y su protección cobran relevancia.
Esperamos para 2020 contar con una nueva Agencia de Protección de Datos Personales que garantice ese derecho ya reconocido en nuestra Constitución en el Artículo 19 inciso 4. También contaremos con una nueva Ley de Delitos Informáticos, que permitirá perseguir, procesar y condenar los delitos que ocurren en el ciberespacio y que hoy no tienen fronteras, por lo que se les podrá perseguir por el mundo gracias a los tratados internacionales que Chile ha firmado.
Investigación y conocimientos
Otro aspecto que debemos enfrentar es la escasez de investigación en ciberseguridad. Este es un tema pendiente para el mundo académico, donde destacan iniciativas como la del Grupo Inciber, del Instituto de Ciberseguridad en Valparaíso, que ha propuesto las Primeras Jornadas Nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad, o el esfuerzo que pretende llevar adelante la Organización de Estados Americanos en Chile con el apoyo de Cisco para lanzar los Consejos de Innovación en Ciberseguridad.
Sin investigación y conocimientos propios en ciberseguridad es imposible transitar a una sociedad digital donde todo lo que se pueda conectar, se conectará, y todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. La Inteligencia Artificial entonces irá de la mano con este proceso, lo que justifica el gran esfuerzo que ha puesto el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para contar con un Plan Nacional de Inteligencia Artificial.
La investigación y desarrollo en comunicaciones digitales también tendrán una gran importancia; el Núcleo Milenio de telecomunicaciones inteligentes, con participación de académicos de la Pontificia Universidad de Valparaíso, lo abordará de forma integral, considerando el desarrollo digital junto a la ciberseguridad.
Esta visión es precisamente la que tiene Estonia, un pequeño país que es hoy un referente de gobierno digital seguro, donde el desarrollo digital va siempre precedido de un aumento de sus niveles de ciberseguridad, tal como se mide permanentemente en el Índice Nacional de Ciberseguridad (https://ncsi.ega.ee), que permite registrar la brecha existente entre estos dos mundos o culturas.
Tenemos mucho que aprender de ellos que poseen una Internet propia y segura (X-Road), junto a todas sus bases de datos protegidas con Blockchain, siendo además reconocidos por sus aportes para mejorar esta tecnología. En Estonia los ciudadanos cuentan también con una buena identidad digital y todos poseen un domicilio digital propio, en cuentas de correo entregadas por el Estado.
Esperamos en enero recibir la visita oficial de la Presidenta de Estonia a Chile para formalizar los acuerdos y vincular a ambos países, pero en particular a la Región de Valparaíso, donde se comenzará a profundizar el conocimiento en transformación digital segura, mediante el acuerdo de los 14 institutos de educación superior de la región (técnicoprofesionales y universitarios). A través de esto se busca que las entidades contribuyan con sus académicos y alumnos a la formación de nuevos conocimientos y difusión de ellos mediante el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Inciber) para, primero, retener talento en la región y, segundo, atraer inversiones y más talento especializado y así fortalecer el ecosistema de conocimiento e innovación de la zona.
Precisamente, el objetivo N°5 de la Polí- tica Nacional de Ciberseguridad habla de la generación de una nueva industria de ciberseguridad con el apoyo del Estado y en alianza con el mundo privado, para generar soluciones locales que agreguen valor y se puedan usar en el mundo globalizado.
Este año que comienza será un año para consolidar muchas de las iniciativas en curso, en base a la experiencia reciente, que ha puesto a prueba todos nuestros sistemas. Creo que eso permitirá salir robustecidos, con una nueva y mejor institucionalidad, que posibilite corregir todos los errores detectados hasta la fecha.
