De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, en el mundo las empresas pagan más de US$1 billón en sobornos. Esta corrupción cuesta por lo menos US$2,6 billones al año a las economías del orbe, un 5% del PIB mundial.
Chile no es ningún oasis. Solo en 2019, las condenas por lavado de activos llegaron a 60 tras años de lento ascenso: las primeras 3 en 2007, 11 en 2013, 13 en 2018. Desde los registros del Ministerio Público y analizando los últimos años de persecución a delitos base de lavado de activos, se puede verificar que la mayor parte de estas causas corresponde al tráfico de drogas, pero la segunda y la tercera razón tienen que ver con casos de corrupción y delitos económicos. En el origen de la aplicación de la ley, casi el 100% de las condenas era por tráfico de drogas, pero hoy esas representan menos del 50% de los casos de delito base para el lavado de activos. Ha aumentado la prevalencia de los delitos económicos. ¿Eso significa que sí o sí estamos más propensos a cometer delitos financieros? No necesariamente. Sin lugar a dudas ha mejorado notoriamente la capacidad investigativa de la justicia, han aumentado los controles y se han integrado modificaciones relevantes a la normativa aplicable al sector público y privado en materia de resguardo de la integridad y la administración leal de las compañías. Esto es así de claro porque nadie podría llegar a plantear que antes de la entrada en vigor de estas leyes, por ejemplo, no se lavaba dinero en Chile.
La profundización y endurecimiento de la legislación es resultado de casos que han dañado seriamente la credibilidad del sistema económico y que han provocado grandes perjuicios a la ciudadanía y al esfuerzo de la sociedad de combatir la corrupción en todos los ámbitos.
Existen nuevos fenómenos sociales y de la mano vienen nuevas fuentes de corrupción y delito. Si hace unos años no teníamos en Chile una inmigración relevante, eso se modificó drásticamente con los cambios en los patrones migratorios del área y con ello la aparición de delitos como la trata de personas, casi invisible en nuestro país. Es decir, en la medida en que el mundo complejiza sus relaciones sociales, políticas y económicas, también las sociedades se enfrentan a nuevos desafíos en materia de detección y persecución de delitos que atentan contra los principios de la no corrupción y la integridad de las economías.
La corrupción pública y privada, los atentados contra la libertad económica o las prácticas desleales constituyen una fuente de desigualdades que afectan la paz social y la legitimidad del sistema económico. Es en el fondo, una seria amenaza contra la democracia y contra el estado de las cosas, tal como las conocemos hasta ahora. Es por eso que importa tanto el Compliance. Es por eso que cada vez cobra más sentido “hacer lo correcto”.
Las convenciones de la ONU y otros organismos regionales son hoy el marco base con el que contamos para promover esfuerzos colectivos para el combate frontal de la corrupción y otros fenó- menos de alta connotación económica y social. Ahí está la base de los modelos de cumplimiento que hoy utilizan las instituciones públicas y privadas.
¿Tiene base real tanto esfuerzo?
Creo que la respuesta es un rotundo sí. El estallido social de octubre de 2019 en Chile ya está siendo debidamente leído por expertos como el resultado de la acumulación de comportamientos corporativos que por años alimentaron desigualdades y cierta “tolerancia” a abusos de “cuello y corbata”. La aparición de Coronavirus y las medidas de control solo representan un paréntesis en un debate nacional que está lejos de llegar a su fin. Aún hay mucho de qué hablar.
Es bueno no autoengañarse. La corrupción, la deslealtad y los abusos corporativos han ido construyendo una red que si bien no es generalizada, sí es relevante. Y lo es porque ha tocado temas muy sensibles para el regulador, como lo es el resguardo de los consumidores y el combate a delitos graves como el soborno y el cohecho.
La confianza lo es todo
Estos abusos han dañado la confianza en instituciones, autoridades, empresas e inclusive, entre pares, amigos y familiares, y en una economía abierta como la nuestra, la confianza lo es todo. El cumplimiento es confianza. Y es una confianza que tiene trazabilidad, protocolos, publicidad y transparencia. Es decir, un antídoto clave para momentos en los que la ciudadanía, el regulador, el fiscalizador y el sistema en su conjunto demandan certezas y seguridades.
Como experta en implantación de sistemas de prevención de delitos y modelos de prevención, muchas veces escuché “quejas” en algunos niveles gerenciales sobre lo “engorrosas” y “estrictas” que eran las normas de Compliance. La pregunta es una sola: a la luz de los hechos ocurridos en Chile a contar de octubre, ¿se sigue creyendo que esto es engorroso? Los dichos populares son muy sabios: “es mejor prevenir que curar”. Agregaría que es mejor prevenir que reparar, porque cuando hacemos una extensión del concepto de cumplimiento a varios otros aspectos y dimensiones del comportamiento corporativo, no podemos dejar de lado lo que hacemos en materia de sostenibilidad y de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo.
En cierto modo, el cumplimiento es una forma de sostenibilidad para las compa- ñías en el largo plazo.
Lo ocurrido en Chile nos demuestra lo que puede llegar a costarle a una economía la acumulación de malas prácticas, delitos o la poca sintonía de autoridades políticas y liderazgos empresariales respecto de lo que ocurre en el entorno de negocios, más allá de los indicadores económicos, las calificaciones de riesgo y ranking de desempeño financiero.
De lo que hablo no solo tiene que ver con los destrozos o con los efectos de las menores ventas por el cierre de comercios o actos vandálicos. Estoy apuntando más bien a los efectos colaterales en materia de incertidumbre, pérdidas en la credibilidad y confianza de los mercados, en los cambios regulatorios abruptos y sobrevinientes, y en nuevas condiciones que afecten el entorno de negocios. He ahí la verdadera afectación que pueden acarrear los comportamientos lesivos en materia de integridad, corrupción, respeto al libre comercio o abusos de toda índole.
Mi experiencia de estos últimos meses me dice que hay un buen clima para entender el giro de los acontecimientos y para involucrarse de manera abierta y honesta a esta nueva mirada y esta nueva forma de interpretar los eventos sociales y políticos. La emergencia de exigencias internacionales en materia de inversión sustentable, reporte bajo enfoque ESG (Environmental, Social and Governance), los esfuerzos por la permanente actualización de la normativa y la persecución de la corrupción, son signos inequívocos de que tanto el mundo privado como el mundo público están en la misma sintonía. Tal vez falta un empujoncito para algunas personas que aún piensan que estos temas son una moda o son pasajeros.
No lo son. Quien no entre a la lógica del combate a la corrupción en todas sus formas, quien no asuma el desafío de exigir un desempeño con integridad a las empresas, quien no tome en serio la observancia de los estándares nacionales e internacionales en materia de Compliance, corre serio riesgo de quedarse fuera del mercado. Así de simple y categórico.
