La reciente aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Chile representa un avance significativo en la protección de la infraestructura digital y la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Este marco legal, tanto innovador como necesario, establece un camino hacia un futuro más seguro y resiliente en el ciberespacio.
Contempla la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos (Csirt Nacional), el Csirt de la Defensa Nacional, el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y la Red de Conectividad Segura del Estado. Estas entidades jugarán roles fundamentales en regular, fiscalizar y sancionar acciones.
Rol de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI)
Especialmente relevante es la ANCI, que como servicio público se encargará de regular y supervisar las prácticas de ciberseguridad de los organismos que caen bajo su jurisdicción. Contará, además, con un mecanismo de autorización judicial para acceder a redes o sistemas informáticos. Esto asegura un balance entre la necesidad de seguridad y el respeto por la privacidad y los derechos civiles. Y, al mismo tiempo, tendrá la autoridad para imponer multas a aquellos que infrinjan las normativas de ciberseguridad.
Esta capacidad sancionadora es un elemento disuasorio crucial para garantizar el cumplimiento de la Ley Marco sobre Ciberseguridad, que se aplicará a entidades consideradas como servicios esenciales (SE) para el funcionamiento del país y a operadores de importancia vital (OIV) dentro de esos servicios.
Colaboración Público-Privada en ciberseguridad
Sin embargo, existen varios aspectos adicionales requieren una consideración profunda para asegurar la efectividad y sostenibilidad de la ley a largo plazo. La colaboración entre el gobierno y el sector privado es crucial para una estrategia de ciberseguridad eficaz. Las empresas privadas son a menudo las que poseen y operan infraestructuras críticas.
Por lo tanto, establecer canales de comunicación eficientes, compartir inteligencia sobre amenazas y colaborar en estrategias de mitigación son esenciales. La ley debe incentivar y, posiblemente, regular esta cooperación para asegurar que tanto el sector público como el privado estén alineados en sus esfuerzos de ciberseguridad.
Educación y formación en ciberseguridad
Un componente vital a largo plazo de cualquier estrategia de ciberseguridad es la educación. Integrar la ciberseguridad en los currículos escolares desde una edad temprana no solo preparará a la próxima generación para los desafíos digitales, sino que también ayudará a crear una conciencia general sobre la importancia de la seguridad en línea. Además, las universidades y otras instituciones educativas deben ofrecer programas especializados en ciberseguridad para desarrollar profesionales capacitados en este campo.
Chile también debe considerar invertir en investigación y desarrollo (I+D) en el campo de la ciberseguridad. Esto podría incluir el apoyo a startups tecnológicas, la financiación de proyectos de investigación en universidades y la colaboración con institutos internacionales de investigación. Dichas inversiones mejorarían la seguridad cibernética nacional y podrían convertir al país en un hub de exportación de servicios, tecnologías y conocimientos de ciberseguridad.
Mientras que la seguridad es primordial, es importante que la regulación no estanque la innovación. Las leyes y regulaciones deben ser lo suficientemente flexibles para permitir el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, al tiempo que garantizan la seguridad y protección de datos. El desafío reside en crear un entorno regulatorio que proteja contra las amenazas sin sofocar la creatividad y el crecimiento económico.
La ciberseguridad debe ser accesible e inclusiva, asegurando que todas las regiones y comunidades, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan acceso a infraestructuras seguras y estén informadas sobre prácticas de seguridad en línea. Esto es crucial para evitar la creación de una “brecha de seguridad digital” donde algunas áreas o grupos estén más protegidos que otros.
La ley debe también enfocarse en la respuesta y recuperación ante incidentes de ciberseguridad. Esto incluye no solo la capacidad de responder rápidamente a los incidentes, sino también la de recuperarse de ellos de manera efectiva, minimizando el impacto en los servicios y en la población.
Finalmente, la ciberseguridad debe ser vista como parte de un enfoque de seguridad más amplio que incluya, pero no se limite a, la seguridad física, la protección de datos personales y la seguridad nacional. Esto requiere una coordinación intersectorial y una comprensión integral de cómo los diferentes aspectos de la seguridad se interconectan y afectan entre sí.
La Ley de Ciberseguridad de Chile es un paso progresista hacia la protección y fortalecimiento de la infraestructura digital del país. Y, para que sea aún más efectiva y sostenible en su implementación, debe ser parte de un enfoque más amplio que incluya educación, colaboración público-privada, investigación y desarrollo, y un equilibrio entre seguridad, privacidad e innovación. Con estas consideraciones, Chile puede protegerse contra las amenazas actuales, así como liderar en la esfera de la ciberseguridad en el futuro.
