Este proyecto, presentado en 2018, en medio de una serie de ciberataques sufridos por instituciones financieras, actualiza nuestra antigua normativa en materia de delitos informáticos, que respondía a la realidad del año 1993 y, como tal, dejaba fuera múltiples fenómenos tecnológicos que han debido sortear las organizaciones en la actualidad, aumentado su exposición a los riesgos cibernéticos.
Asimismo, esta iniciativa responde al compromiso asumido por Chile al adherirse al Convenio de Budapest -sobre Ciberdelincuencia- que, al día, es el gran acuerdo internacional para responder de manera uniforme ante los ciberdelitos, especialmente por las características propias que estos tienen, como, por ejemplo, la posibilidad de ser cometidos fuera de un determinado territorio y sin la necesidad de contar con altos conocimientos en informática.
Nuevos ilícitos y aspectos procesales
El texto ratificado y que se encuentra en el trámite de veto presidencial, antes de ser promulgado y publicado como Ley, no solo renueva algunos delitos informáticos que ya estaban reconocidos en nuestra legislación, como, por ejemplo, sabotaje (o destrucción) informático; sino que incorpora nuevos ilícitos como la falsificación y fraude informáticos, además, de la receptación informática, entre otros.
El proyecto ratificado por la Comisión Mixta, también agrega diversos aspectos procesales que la anterior normativa no contemplaba, especialmente en temas asociados a la cadena de custodia de evidencia electrónica, elemento esencial para el éxito de las diligencias investigativas y para lograr una efectiva condena de los ciberdelincuentes, así también como posible evidencia del cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión que establece la Ley Nº20.393.
En ese sentido, Chile se volvería uno de los primeros países en Latinoamérica en contar con una legislación actualizada en esta materia, lo que beneficiará al sector privado, entregando seguridad para ciertas áreas que pueden estar expuestas a este tipo de ilícitos informáticos. Además, permitirá promover la colaboración pública-privada, esencial en esta temática para lograr el éxito de las investigaciones penales.
Finalmente, el proyecto es un enorme avance a nivel de la legislación vigente en materia de delincuencia informática, no solo por lo antes mencionado, sino que además, repercutirá en el día a día de las personas, dotando de mejores herramientas jurídicas para aquellos delitos que se han vuelto más comunes como el ransomware, ataque que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos, y que cada día se presenta como uno de los mayores “dolores de cabeza” para las organizaciones cuando se habla de ciberseguridad.
