Por Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual.
Quienes han utilizado los servicios de firma electrónica conocen bien las ventajas de hacer sus trámites de manera digital. Una de ellas es el ahorro de tiempo, pues, antes podían pasar hasta tres o cuatro horas haciendo fila en una notaría. De hecho, los más de 450 mil documentos firmados en FirmaVirtual representan más de un millón de horas ganadas que antes se perdían en filas y desplazamientos.
A ello se suma el ahorro de miles toneladas de CO2, no sólo por las emisiones que dejan de hacer los automóviles en los traslados a la notaría sino también por la gran cantidad de árboles que se dejan de cortar, al evitarse el uso innecesario de papel.
Sin embargo, empresas como la nuestra -que trabajan con notarios establecidos y ofrecen seguridad a las personas- se ven impedidas de continuar creciendo más allá de la firma electrónica simple. Y es que el camino para poder trabajar con firma electrónica avanzada está lleno de espinas.
Esta última es administrada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, pero su operación está entregada solamente a siete prestadores acreditados. De ellos, apenas tres pueden desarrollar el proceso íntegramente digital y ahí está el problema. Si bien la firma electrónica avanzada representa un avance para la digitalización del país, la concentración en sólo tres oferentes del servicio es preocupante.
Tradicionalmente, el monopolio ha sido una preocupación en Chile. Hemos visto problemas en la industria de los pollos, en la industria farmacéutica y en el retail, producto de ello. Por eso, es evidente la necesidad de tomar medidas para el mundo de la firma electrónica avanzada que está abismalmente más concentrado que el notarial, donde se mueven 400 notarías.
Para evitar poner en riesgo a los consumidores, que ya han tenido que pagar altos costos en otros mercados altamente concentrados, la habilitación debería ser abierta para todos. El Estado debe tomar el toro por las astas, para favorecer la participación de más actores, ya que la firma electrónica avanzada que se consigue online funciona, precisamente, a través de la Clave Única del Estado.
Actualmente, las barreras de entrada para las empresas de firma electrónica avanzada son bastante altas. El costo inicial es de unos 20 millones de pesos, monto necesario sólo para poder conseguir una aprobación del Ministerio de Economía y, luego, hay que considerar un pago anual de alrededor de tres millones. Esto significa que las vallas no son sólo tecnológicas sino también financieras.
Si la finalidad de la digitalización es la democratización, claro está que en la medida que haya más oferentes entregando un servicio tanto mejor será para todos. Al democratizar y masificar la firma electrónica avanzada, ganan el Estado, las pymes que quieren participar del negocio y, sobre todo, los ciudadanos que pueden acceder a una mayor oferta, para poder elegir servicios más competitivos.
