Si bien es un desafío muy atractivo el avance de este sector, por cuanto el impacto de una intervención tecnológica es de resultados masivos y sociales, la preparación que requieren los consultores para abordar un proyecto con el Estado es completamente distinta a la que se necesita al trabajar en el sector privado.
Según coinciden los proveedores, al estar supeditados a programas de gobierno que en escasas oportunidades se proyectan más allá de los cuatro años de mandato presidencial, uno de los temores que surgen espontáneamente al planificar proyectos tecnológicos con entidades gubernamentales es la ralentización de las licitaciones, particularmente en el último año de un gobierno y el primero del entrante. Asimismo, en esos meses es común ver también un freno en las inversiones, pese a la disponibilidad de presupuestos.
Javier Prambs, BROWSE. Sergio Yáñez, TIVIT-SYNAPSIS. Francisco Méndez, SOAINT José Ignacio Río, ZEBRA. Alex Lagos, TECNOVA. Catalina Bustos, TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Luis León, TLINE. Andrés Arellano, UNIDAD DE MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL. Diego Díaz, HP.
“En el sector privado las decisiones tienen un timing distinto”, comenta Javier Prambs, Gerente Comercial de Browse, quien añade que las mayores complicaciones que ha observado en materias comerciales a lo largo de sus 30 años de trabajo con entidades estatales es cuando hay alternancia en los grupos de poder. “En esos casos se nota un impacto, las decisiones se frenan, pese a que el presupuesto está”, indica. Por su parte, Sergio Yáñez, Subgerente Comercial de Tivit-Synapsis, precisa que, en el sector privado, la connotación que encierra una decisión de invertir en un proyecto tecnológico y tener un contrato comprometido es mucho más estable que en el sector público. “Los proyectos aquí son vulnerables en el sentido que, al haber cambios a nivel gubernamental, se produce un cambio en los tomadores de decisiones y en los programas de gobierno”, añade.
Los retos del sector
Otro tema relevante al momento de trabajar con cuentas gubernamentales se relaciona con las licitaciones, propiamente tal. Debido a los muchas veces engorrosos procesos de definición de bases, licitación y evaluación de los proyectos, las consultoras informáticas deben también convertirse en verdaderos ingenieros de procesos de compra, capaces de conocer y entender la complejidad de trabajar con entidades públicas, identificar sus vulnerabilidades, definir una solución y recién en ese momento dar por iniciado el proyecto.
“Pero resulta que en los procesos de compra actuales, entre que se definen las necesidades hasta que se da inicio a la implementación del proyecto, puede pasar hasta un año en ocasiones, y no hay empresa que pueda sostener ese lapso, entre lo que se definió hasta que se comienzan a recibir los ingresos”, comenta Francisco Méndez, Gerente General de Soaint.
Según José Ignacio Río, Technical Architect para la Región SOLA de Zebra Technologies, otro de los problemas que hay que abordar al momento de trabajar con el Estado es la misma institucionalidad. “La manera en que se trabaja ahora impide generar eficiencias. Muchas veces distintas entidades saben que están en el mismo proyecto, pero es imposible juntarlos pues son presupuestos independientes y no es posible usar el mismo recurso en conjunto, limitando las ventajas en términos de eficiencia”, indica. Pero no todas son diferencias negativas. Para Alex Lagos, Gerente Comercial de Tecnova, la transparencia es una de las ventajas de trabajar con el sector público que sería altamente apreciada en el mundo privado. A su juicio, muchas veces la adjudicación de proyectos en el sector privado es una decisión visceral, mientras que en entidades públicas se conocen a cabalidad los criterios de evaluación y ante cualquier problema contractual siempre es posible recurrir a la Contraloría General de la República. Por otra parte, las diferencias no se limitan a la comparación intersectorial. Como parte de un programa de Gobierno Digital coordinado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA), el ejecutivo de Soaint ha aprendido que entre las mismas entidades de gobierno hay organismos con muy buenos equipos para llevar adelante un proyecto de tecnología, que escasean en otros. “Hay entidades que si bien podrían tener una idea muy concreta de sus necesidades tecnológicas, carecen de personal idóneo para abordar este tipo de desafíos, que necesariamente requieren de determinados perfiles técnicos que logren diseñar, establecer e implementar una arquitectura”, afirma.
El punto de quiebre es la información
Más allá de todas las diferencias, los especialistas concuerdan en que el punto de quiebre en materia tecnológica para cualquier entidad es el valor de su información y la relevancia que le dan las autoridades de dichas entidades a la materia. Catalina Bustos, Jefa de la Sección de Ingeniería de Procesos de Negocios de la Tesorería General de la República, ratifica que la importancia que se da a las Tecnologías de Información entre las distintas instituciones es disparejo. “Por ejemplo, para nosotros en Tesorería esta es una división más, entonces nuestros jefes de divisiones se sientan a conversar con los de negocios y por lo mismo ahora estamos implementando una suerte de PMO dentro de nuestra institución, que vele por la correcta utilización de los recursos y por los lineamientos estratégicos institucionales y no de un área de negocio en particular”, afirma.
De acuerdo al profesional de Tecnova, en su experiencia con clientes del sector público se ha encontrado en más de una oportunidad con que las unidades de negocios comienzan a contratar proveedores tecnológicos de manera independiente a la unidad de informática, por lo que todas las implementaciones terminan transformándose en proyectos ingobernables.
Luis León, Gerente Comercial de TLine, ratifica que son muchas las organizaciones de gobierno que están implementando oficinas de gerenciamiento de proyectos, o al menos en una versión a menor escala, pero también ocurre que son oficinas paralelas, que compiten cuando podrían aprovechar muchas sinergias. “Por ello, la optimización de recursos dentro de una institución pasa a ser clave y esto, a la vez, se puede replicar a un nivel mucho más macro, pensando en el gobierno en general”, añade.
Una institucionalidad con visión tecnológica
Uno de los factores claves para que todas las entidades públicas cuenten con capacidades similares para abordar proyectos tecnológicos es el diseño de una institucionalidad que sea capaz de unir las visiones tecnológicas de cada institución, de manera de seguir un mismo rumbo con un conocimiento claro de cuál es el apoyo concreto que la industria TI puede entregar para la modernización de estas instituciones.
Si bien muchas veces se ha puesto en la mesa la necesidad de contar con un Ministerio de Tecnología o bien un Ministerio de Ciencia y Tecnología, Andrés Arellano, Coordinador de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se apresura en aclarar que un ministerio no sería la respuesta a las necesidades planteadas. “Es importante que nosotros, los evangelizados en estos temas, tengamos claro que un ministerio no es la respuesta”, enfatiza y añade que, tras casi un año y medio de trabajo con la Cepal, su recomendación es la creación de un agente articulador en materias tecnológicas que pudiera o no contar con capacidades operativas, como por ejemplo, coordinar ciertos “shared services” para todo el Estado.
Las posibilidades de este agente podrían incluso llegar hasta la generación de una PMO centralizada, desde donde se puedan articular proyectos estratégicos y dar acompañamiento a las contrapartes técnicas de cada una de las instituciones públicas. “Es decir, las funciones que desempeñaría esta agencia centralizada se pueden ampliar a muchas áreas, pero lo fundamental es que logre coordinar a los actores tecnológicos y que fije las políticas y lineamientos generales. Eso es muy distinto a lo que sería un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está más relacionado con fomentar el desarrollo de las ciencias básicas y la investigación. Es importante que nosotros tengamos claro que una cosa no resuelve la otra”, enfatiza el ejecutivo.
Aunque no es posible confirmar la creación de una entidad de este tipo, que finalmente debería contar con la aprobación del Congreso, el ejecutivo enfatiza en que la relevancia que ha ganado el tema se manifiesta en la formación de un Comité de Ministros de Desarrollo Digital. En su última sesión, el comité ya aprobó la creación de esta agencia, con lo que se abre el camino para la redacción de un proyecto de ley que pueda ser despachado al Poder Legislativo. De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, esta entidad debería además contar con una instancia de consulta que incorpore la opinión y visión del sector público, privado y la academia. “El objetivo es que exista de manera efectiva un organismo que reúna a los miembros de la industria, y que ellos también puedan tener una opinión sobre cuáles son los rumbos a seguir en materia tecnológica”, añade Andrés Arellano.
“Creo que contar con este tipo de agencia, que busca dar prioridad a la tecnología, es fundamental para que todos trabajemos en conjunto y en paralelo en determinar hacia dónde quiere ir el país”, enfatiza Diego Díaz, Account Manager Public Sector de HP. El ejecutivo añade que con esta entidad no solo se elimina la influencia comercial que se da en la asesoría en determinado proyecto, sino que además permite que las iniciativas continúen en el tiempo más allá de quien esté en el gobierno.
“Necesitamos contar con un organismo que articule la tecnología por encima de la política misma, que determine qué es lo importante y hacia dónde tenemos que ir. Posteriormente va a darse la competencia, pero con una mirada desde arriba, desde la autoridad y a largo plazo”, finaliza el profesional.
