¿Se ha preguntado porqué algunos ISP cobran más por el acceso banda ancha a Internet si se instala más de un PC detrás del módem? En jerga comercial, a esta práctica se le ha dado el nombre de conexión monousuario o multiusuario, pero en realidad se trata de una discriminación injustificada de precios de banda ancha para un PC aislado (hogar) o a una red local (empresa). Obviamente, la segunda es sustancialmente más cara que la primera, pero ¿es justo esto? ¿A qué lógica responde? ¿Se cobra así en otras partes del mundo?
La oferta de acceso banda ancha a In-ternet de los ISP consiste en la promesa de otorgar un cierto ancho de banda de subida y otro de bajada durante las 24 horas del día, independiente de la intensidad de uso que haga el cliente dentro de los límites que impone ese ancho de banda contratado. De lo contrario, el proveedor debiera cobrar por bit traficado, por la duración de la conexión u otro parámetro.
Los costos de operación y las inversiones del ISP deben ser calculados en función de su promesa de servicio, y su red dimensionada para cumplirla en la hora de máximo tráfico. En este sentido, el modelo de cobrar por anchos de banda máximos refleja fielmente la inversión y el costo de operación del proveedor. Mejor aún si se lograra discriminar en función de la demanda en la “hora cargada”, tal como se hace en la telefonía fija o en las redes eléctricas.
La situación aquí descrita es del todo similar a la de la red de distribución eléctrica, en la cual el usuario debe pagar a la empresa distribuidora por la potencia máxima contratada en la hora de punta y a la empresa generadora por la energía consumida. En ningún caso puede una distribuidora eléctrica cobrar a una compañía cliente en función del ‘número de aparatos que usan electricidad’. Eso es ridículo. A modo de ejemplo, imaginemos dos empresas que utilizan motores, una de ellas posee un motor de 100 KW y la otra tiene cinco de 20 KW. ¿Por qué habría la segunda de pagar más que la primera si ambas demandarán la misma potencia de la red en la hora punta? ¿Y si la demanda de la primera ocurre fuera de punta? En ese caso, debiera pagar incluso menos que la segunda a la distribuidora.
Los ISP son empresas distribuidoras de bits, de la misma forma que las distribuidoras eléctricas transportan electrones. Los ISP no son dueños del contenido transportado, del igual modo que las distribuidoras eléctricas no lo son de la energía generada. En ambos casos hay un esfuerzo de red (ancho de banda o potencia) que debe ser remunerado correctamente, desde el punto de vista económico, sin confundir quién es dueño de qué. Afortunadamente, la experiencia de Chile en regular al sector energético puede ser aprovechada conceptualmente en las telecomunicaciones de hoy. Ese es el camino.
El impacto en el desarrollo de Internet
En el caso de un ISP, el uso de recursos limitados al ancho de banda ofertado, no afecta sus costos si es que ha hecho un correcto diseño de su red para cumplir el compromiso de servicio a sus clientes. Discriminar según el número de computadores o dispositivos conectados es una manera inválida e ilegítima de extraer más recursos, principalmente de las empresas, sin ninguna justificación económica que lo sustente. Evidentemente, este encarecimiento afecta negativamente el desarrollo sano y robusto de Internet en Chile, por cuanto hace más onerosas las conexiones de banda ancha a las Pymes y deja a muchas de ellas fuera del mundo de la Red y de sus amplias posibilidades.
Sin embargo, también es posible contratar una conexión monousuario del ISP y, luego, abrirla a múltiples usuarios de la red local a través de la instalación de un pequeño y económico router o ‘Internet Gate-way’, los que están disponibles en el mercado y son usados libre y justificadamente por quienes conocen esta alternativa.
Entonces, ¿no será hora de sincerar esta práctica abusiva y eliminar la discriminación artificial de precios? Estas ‘prácticas comerciales’ no se usan en los mercados desarrollados, ¿por qué abusar de la ignorancia del cliente? Tarde o temprano éste le pasará la cuenta a quienes inventan cuentos para cobrarle de más. ¿No será hora de que la autoridad del sector prohíba derechamente la discriminación de precios y eduque al consumidor en sus derechos?
El rol del Gobierno y la regulación
La autorregulación del mercado de banda ancha no ha funcionado en este aspecto ni en muchos otros relacionados con los accesos a Internet en beneficio de los consumidores en nuestro país. El tema requiere de urgentes medidas de la autoridad porque los intereses económicos de las telefónicas tradicionales, las cuales son también los principales ISP, están en conflicto con el desarrollo competitivo y sano de Internet.
No podemos quejarnos del costo y calidad de las conexiones a Internet si dejamos pasar prácticas comerciales abusivas y protectoras de otros negocios de los dueños de los ISP. Tampoco estamos frente a un mercado en competencia del cual se esperaría que la estructura de costos se refleje en la estructura de precios al cliente final. En mi opinión, el ‘laissez faire’ funciona muy bien en mercados en competencia, pero el escenario de la infraestructura de telecomunicaciones en el Chile de hoy dista mucho de eso. Es deber del Gobierno asegurarse de que los agentes del mercado actúen tal como si existiera competencia y, de ser necesario, dictar algunas reglas mínimas de buen comportamiento y respeto a los clientes. No puede desentenderse de su rol en materias de tanta importancia y hacer la ‘vista gorda’ a los atropellos sin razón.
Junio de 2005
