En ACTI hemos desarrollado una historia de colaboración con el Gobierno, con el fin de coordinar las acciones públicas y privadas para mejorar el desarrollo y competitividad de Chile. Estas iniciativas se han agrupado bajo la Agenda Digital, que ha servido de orientación y motivación, generando espacios crecientes de confianza y de trabajo en equipo. Es por ello que deben preocuparnos las situaciones que dañan dicha confianza y que atentan contra lo que se ha logrado.
En esta ocasión, quiero manifestar nuestro malestar por varios casos en que se han declarado desiertas licitaciones de infraestructura y servicios TI de gran envergadura. Recientemente tenemos el caso de los servicios integrales computacionales e informáticos del Registro Civil, licitación que hace un par de años también fue cerrada sin ganadores. Lo que también ocurrió con el sistema de información a usuarios de Transantiago.
Las razones dadas para estas decisiones son diversas, pero siempre insatisfactorias. En un caso se argumentó que todos los oferentes excedían el presupuesto disponible. ¿Cómo puede ser que la estimación original fuese tan diferente, en proyectos de gran envergadura y conocidos de antemano? (primera licitación del Registro Civil). En otro caso se estableció que las ofertas no eran técnicamente aceptables. Si esto fuese así, deberíamos haber iniciado un proceso de revisión profunda para entender cómo ninguna empresa de TI operando en Chile, ni nacional, ni extranjera, fue capaz de presentar una solución acorde a las bases. Creemos que se está dañando injustamente la imagen de una industria, que ha trabajado arduamente y, a veces, ha tenido que absorber importantes pérdidas, en el apoyo al proceso de modernización del Estado.
En el caso de la propuesta del Registro Civil, la situación es incomprensible, pues a través de ChileCompra, como dicta la norma, se presentó un grupo de empresas a la licitación. Estas fueron evaluadas técnicamente, seleccionando tres para la etapa final de revisión de sus ofertas. Las tres resultaron elegibles para el Gobierno y se abrieron los sobres económicos, resultando todas dentro del presupuesto declarado en las bases de licitación. Y cuando sólo correspondía aplicar una fórmula de cálculo de puntaje final, se declara desierta pues “no resultan convenientes a los intereses del Servicio”.
Las propuestas generadas por varios de nuestros socios para estas lici-taciones, demandaron trabajo y el compromiso de equipos completos de profesionales en su preparación, en varios casos involucrando grupos y empresas de diversos países. Han sido serias y acordes a los requerimientos expuestos en las bases, buscando tener costos competitivos a nivel internacional. Al declarar que los procesos están desiertos, por cualquier causa, se desmotiva a las empresas para participar en estas licitaciones. No nos debe extrañar que algunas empresas decidan que no tiene sentido para ellas volver a destinar ingenieros a estudiar por tercera vez lo que básicamente es la misma licitación, como es el caso del Registro Civil. Estas situaciones aumentan el costo de transacción para los privados, con lo que el Estado tiene que pagar más caro por sus soluciones.
Capacidad de decisión de compras TI
En aras de mejorar la disponibilidad de ofertas competitivas, el camino va en la dirección contraria. Es necesario que el Estado tenga una capacidad de decisión de compras TI transparente, rápida, con definiciones claras y con un proceso conocido. A ningún oferente le gusta ser finalista y no ser elegido, pero mucho más desconcertante es que nadie sea designado como ganador y, además, enfrentar una nueva postu-lación en el futuro. Es importante que independiente del organismo que corresponda, cuente con pasos claros que eviten las demoras en el cumplimiento de los plazos y errores en la entrega de documentos.
Tal como ya lo hemos hecho en el Grupo de Acción Digital, estamos a disposición del Gobierno para revisar cómo perfeccionar las prácticas de contratación a fin de evitar esta pérdida de recursos. Nos ofrecemos para resolver las dudas de las empresas y los encargados públicos de las tecnologías, ya sea como colaboradores en el desarrollo de las propuestas -dado nuestro conocimiento de la industria- o como mediadores, con la idea de velar por la transparencia.
El Gobierno conoce nuestras preocupaciones, nos han invitado, el Subsecretario de Economía (encargado de TI gubernamental) y ChileCompra, a debatir sobre estas dificultades competitivas. Lamentablemente, en medio de este debate, ocurren estas dos situaciones de alta relevancia.
Postular a licitaciones no es fácil y la dificultad se acrecienta cuando se trata de compras de Tecnologías de Información, donde los tiempos destinados a decidir un ganador pueden afectar el proyecto original, por el rápido avance de las tecnologías.
Esperamos que las próximas licitaciones se decidan sin necesidad de repetir los procesos en más de una ocasión, ya que el entusiasmo que se ha alcanzado al trabajar con el Estado en proyectos emblemáticos tan importantes como los realizados hasta ahora, pierde fuerza al perderse la confianza en procesos de adjudicación que representan importantes costos para las empresas participantes.
Enero de 2006
