Carlos Busso, Presidente de ACTI: “Debería existir una gobernanza para que los proyectos TI no estén ligados a los gobiernos en particular”

Alrededor de US$500 millones anuales invierte el sector público en TI, y si bien se ha avanzado en la inclusión de tecnología por parte de las instituciones, los rápidos cambios en esta plantean como principal reto la necesidad de tener personal altamente calificado para adecuarse y darle la utilidad necesaria.

Publicado el 31 Oct 2015

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Carlos Busso.

¿Qué tan gravitante es la incorporación de TI en el sector público a nivel país?
Hoy día estamos viviendo en una economía digital, tanto desde las industrias que están adoptando fuertemente todo lo relacionado con tecnología como un elemento de mejora de su productividad y progreso; como también desde el área de gobierno, cuyo desarrollo enfocado en sectores como salud y educación, es susceptible de poder ser influenciado fuertemente por el uso de la tecnología en pos de su perfeccionamiento.

Como ejemplo, Corfo ha considerado apoyar en el uso de las TIC a siete industrias que considera que deben tomar el liderazgo en el país, entre las que el sector salud se ha definido como parte de las industrias inteligentes. A su vez, como ACTI, estamos trabajando con la oficina en Chile de Fraunhofer en todos los temas relacionados a smart city, para lo que existe una serie de iniciativas con las que a través de la tecnología, el Gobierno podría ser más eficiente e inclusivo.

Y esto es una arista clave, ya que hoy prácticamente todos los chilenos tienen un dispositivo móvil. Entonces estamos llegando a un punto en el que la tecnología puede llegar a todos, sin importar su condición o sector social, trabajando para dar conectividad a zonas remotas e incorporar a más personas a esta economía digital.

A su juicio, ¿hay una visión estratégica de este tema a nivel gubernamental?
Creo que hay varios entes que están hoy impulsando el uso de tecnologías, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Segpres y la Subsecretaría de Economía, que están trabajando cada una en ciertas iniciativas específicas, así como otras en conjunto. Estas, por medio de comisiones público-privadas, están incluyendo a los diferentes sectores del país, avanzando en diversos proyectos para determinar cómo se puede acelerar el paso hacia un gobierno más tecnologizado y acorde a estos tiempos, con el fin de poder incluir a los ciudadanos de este país en su conjunto en la economía digital.

¿Hay una continuidad en el tiempo, independientemente del gobierno de turno?
La continuidad de los planes y hojas de ruta entre un gobierno y otro es un tema complejo, porque, si bien las instituciones perduran en el tiempo, las personas que están a cargo y que van asumiendo estos deberes, tienen muchas veces distintas prioridades. Por ello, creemos que en este sentido, debería existir una gobernanza para que los proyectos TI no estén ligados a los gobiernos en particular, sino que al país y a la institución que los regula.

¿Cuáles son las principales carencias y retos en esta materia?
Las carencias en el proceso de inclusión de tecnología por parte de las instituciones públicas descansan en que, por un lado, las TI han tenido cambios bastante radicales, por lo que se requiere personal altamente calificado para adecuarse a ellas y darles la utilidad necesaria.

Sin embargo, y lo que es uno de los problemas más serios al interior de estas entidades, es que no existe la capacidad económica para poder dotar de personal especializado en las diferentes labores, lo que se agrava debido a un problema general de la industria TI, respecto de una insuficiencia de capital humano especializado necesario para la economía digital.

¿Cómo se puede avanzar al respecto?
En particular, a través de ACTI y Chile Valora, hemos definido un proceso para certificar los primeros siete perfiles de TI, que establecen los requerimientos necesarios para cada uno de ellos y así crear la posibilidad de que las instituciones públicas y privadas puedan certificar a sus ingenieros en los perfiles ya definidos para cada cargo requerido. Esto sentará las bases para determinar, primero, qué necesidades de capacitación hay en capital humano en cada institución, para así comprender dónde hay que nivelar o contratar nuevo personal.

De todos modos, sí hay un avance generalizado en el uso de las tecnologías.

¿Hay mucha disparidad en el avance en TI de las diferentes entidades del sector?
Más que disparidad, lo que hay son presupuestos diferentes, ya que algunas instituciones tienen unos presupuestos mucho más holgados que otras y, también, algunas tienen un avance mayor.

Esto va orientado hacia las economías de las APIs, es decir, que cada institución tenga la opción de publicar distintas APIs con aplicaciones que puedan ser utilizadas por diversos sectores públicos o privados, para así poder desarrollar aplicaciones inteligentes y productivas.

Puntualmente, ¿en qué aspectos está trabajando la ACTI junto al Gobierno?
Durante todo este año hemos estado trabajando en distintas comisiones, tanto con el Ministerio de Economía, de Transporte, Telecomunicaciones y también con la Secretaría General de la Presidencia, para apoyarlos en la inclusión de las TI en cada una de las entidades.

¿Hay casos emblemáticos en incorporación de TI en el sector?
Históricamente han sido casos emblemáticos el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil y otras instituciones, pero hoy no vemos un liderazgo tan claro, como sí existía en el pasado, porque ahora todas las instituciones están bastante a la par y, de todos modos, todas están realizando un esfuerzo importante por progresar en este sentido.

¿Qué referencias de otras naciones debiéramos considerar como país?
A nivel mundial hay distintas experiencias de las que podemos aprender. Creemos que tenemos que ir viendo lo que pasa más cerca de nosotros, en países como Colombia y Uruguay, por ejemplo, donde han tomado cierto liderazgo en áreas específicas como gobierno digital, entregando políticas claras y que van acorde a la realidad del país. Finalmente esto es lo más importante y así lo vemos en otros casos como España, donde han estado trabajando bastante en el desarrollo de smartcities.

No obstante, hoy vivimos en un mundo global y, por ende, tenemos que estar pendientes y observar lo que está pasando en el mundo, para así buscar los mejores ejemplos para replicar, mejorar y ayudar a que Chile pueda seguir avanzando hacia la economía digital.

¿OpenSource y neutralidad tecnológica son puntos clave para seguir avanzando?
Nuestra posición como ACTI, respecto del hecho de que sean OpenSource o software licenciados, ha sido siempre neutralidad tecnológica. Ya que si uno es mejor que el otro, ya sea por aspectos técnicos o económicos, este se impondrá gracias a sus propios méritos, no por medio de legislaciones que obliguen a que esto suceda. Por ello, en la medida en que haya competencia, el mismo mercado irá determinando cuál es el mejor para Chile.

¿Qué tendencias pueden ser una ventana para avanzar en el sector público?
Creemos que el uso de la información y el poder disponer de Open Data, para dar acceso a aplicaciones privadas o públicas, son una prioridad. Esto, sumado hoy a las tendencias big data, analytics, cloud, mobility y social media, puede ayudar a establecer políticas públicas que ayuden a mejorar áreas como salud y educación, sectores clave para el progreso el país.

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Redacción

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