Con la celebración de los Tratados de Libre Comercio, Chile no sólo logró beneficiarse económicamente, sino que contrajo compromisos tendientes a generar un traspaso de tecnologías desde países tecnológicamente más desarrollados como Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea.
Los medicamentos, libros, software y música son los sectores que más problemas nos están planteando con nuestros socios comerciales por la falta de protección chilena de sus legítimos derechos intelectuales e industriales. Más que una obligación pendiente, nuestra situación debe ser vista como una oportunidad única para, definitivamente, alcanzar el tan ansiado desarrollo. Antes de hacerlo, debemos preguntarnos ¿Por qué?
Fundamentalmente porque para el desarrollo tecnológico se necesitan tres pilares: capital humano, incentivos económicos y protección del esfuerzo realizado. Las personas hacen la investigación y desarrollo, las empresas amparan a los talentosos y les dan recursos para que provean de sus productos en pos de una mayor eficiencia del negocio; y el Estado protege a ambos de quienes aprovechan los resultados de sus esfuerzos en beneficio propio sin reconocer sus derechos.
Los tres elementos de esta ecuación
En cuanto a capital humano, Chile lo tiene en abundancia. Sin embargo, es preciso capacitarlo permanentemente y facilitar los mecanismos para adquirir habilidades que permitan competir globalmente. Es necesario en esa estrategia convertirnos en una sociedad efectivamente bilingüe y hablar inglés debiera ser nuestra consigna.
En cuanto a los incentivos económicos, también estamos en deuda. Que lo invertido en investigación y desarrollo se considere como crédito, por ejemplo, sin duda facilitaría muchas decisiones empresariales asociadas a las Tecnologías de Información. La reciente rebaja impositiva a la importación de software va en la línea correcta.
El tercer elemento de esta ecuación, la protección de la propiedad intelectual, es quizás el más relevante. Cuando un software protegido es utilizado sin las licencias respectivas, la inversión de tiempo y dinero no es retribuida adecuadamente, desalentando a quienes están detrás de esos desarrollos. Puede parecer que para los desarrolladores de software -a veces grandes empresas- una copia ilegal de su producto no significa un perjuicio perceptible, pero si esa copia es por miles, el daño resulta inmenso.
La copia ilegal de los software distorsiona también las inversiones de las empresas desarrolladoras, debiendo éstas destinar importantes recursos a tecnología y acciones judiciales en contra de la piratería, mismos dineros que podrían invertirse en nuevos y mejores productos.
Puesto de modo inverso, ¿qué me motivará a crear soluciones informáticas que satisfagan necesidades, si no tengo un incentivo económico que me permita invertir recursos en investigación y, además, las leyes no disuaden a comerciantes y usuarios inescrupulosos que utilizan mi esfuerzo sin retribuirme?
No tenemos que reinventar la rueda, sólo ponernos de acuerdo y aunar voluntades, porque, como ya sabemos, una política armónica y consecuente que contemple los elementos básicos es lo que nos falta para alcanzar el desarrollo.
