La reciente publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Protección de Datos Personales genera expectativas y preguntas sobre sus repercusiones en el ecosistema empresarial chileno. Inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, esta legislación busca modernizar un marco normativo vigente desde 1999, situando a Chile en línea con los estándares internacionales de privacidad.
La creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, junto con la introducción de derechos ampliados para los titulares, refleja un cambio de paradigma necesario. Sin embargo, ¿cómo garantizar el cumplimiento sin comprometer la competitividad de las empresas? Su implementación exige un delicado equilibrio entre proteger la privacidad de las personas y mantener la viabilidad operativa de las organizaciones, especialmente en sectores altamente digitalizados.
Ahora las organizaciones deben adecuar sus procesos a este nuevo paradigma, lo que podría implicar invertir en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y la creación de modelos de cumplimiento predictivo. Si bien estos cambios son necesarios para proteger la privacidad en la economía digital, podrían generar una sobrecarga financiera y operativa, particularmente en un mercado como el chileno, caracterizado por un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
En esta línea, cabe mencionar que la nueva ley contempla multas de hasta 20.000 UTM, una de las más altas de nuestro sistema jurídico.
Educación y prevención
Para asegurar el cumplimiento de la nueva ley sin comprometer la estabilidad económica de las empresas, la solución comienza con un enfoque en la educación y la prevención. En este sentido, es esencial que las empresas realicen auditorías iniciales para identificar brechas en sus procesos de manejo de datos y priorizar los ajustes necesarios. Pero, para las Pymes, que muchas veces carecen de recursos internos, el Estado debe jugar un rol clave, proporcionando incentivos económicos y programas de capacitación gratuitos o subsidiados para no ahogarlos por estas nuevas regulaciones e inversiones específicas.
Además, la creación de un sistema de certificación escalable podría ser una herramienta valiosa para facilitar la transición. Este mecanismo permitiría a las empresas demostrar avances graduales en el ejercicio, asegurando que puedan adaptarse a la normativa sin incurrir en gastos insostenibles. Asimismo, la Agencia de Protección de Datos Personales debe asumir un rol educativo, liderando campañas de concienciación sobre la importancia de la gestión de privacidad, tanto para empresarios como para ciudadanos.
Esto no solo fortalecería el cumplimiento, sino que también construiría confianza en los servicios digitales, un aspecto fundamental para el desarrollo de la economía digital en el país.
En paralelo, los gremios y asociaciones empresariales podríamos desempeñar un papel esencial en esta transición al actuar como intermediarios entre las empresas y el Estado. La colaboración público-privada es clave para diseñar y difundir herramientas prácticas, guías específicas y servicios de asesoría compartida que reduzcan costos y simplifiquen la implementación de la ley.
Por otro lado, la conciencia social sobre la privacidad de los datos también juega un papel fundamental. La ciudadanía debe comprender sus derechos y cómo ejercerlos, mientras que las empresas deben promover prácticas responsables para ganarse la confianza de sus clientes. Este círculo virtuoso de transparencia y cumplimiento no solo fortalecerá el ecosistema digital en Chile, sino que potenciará nuestra competitividad internacional, siendo un pilar clave para las relaciones comerciales con mercados como la Unión Europea.
Beneficios de la Ley de Protección de Datos, según ACTI
Para aprovechar plenamente los beneficios de la nueva ley, es importante considerar ejemplos internacionales que han enfrentado desafíos similares. En Europa, la implementación del GDPR mostró que las empresas que adoptaron prácticas responsables desde el inicio no solo evitaron sanciones, sino que también mejoraron su reputación y ganaron ventajas competitivas. En Chile, replicar esta experiencia requiere fomentar la innovación en tecnologías de gestión de la información, como herramientas de anonimización y plataformas de cumplimiento automatizado, que ayuden a las empresas a manejar grandes volúmenes de información de manera segura y eficiente. La nueva Ley de Protección de Datos Personales es un desafío, pero también una oportunidad para consolidar al país como líder regional en la economía digital.
Asimismo, industrias clave como la salud, la educación y el comercio online deberán adaptarse rápidamente, pues trabajan con datos especialmente sensibles. Este objetivo solo será alcanzable si lo empujamos en conjunto. La protección de la información es más que una obligación legal, es el cimiento de una economía digital segura, inclusiva y competitiva.
Finalmente, no podemos ignorar la oportunidad de crear un entorno de colaboración regional. Chile podría liderar iniciativas con otros países de América Latina para establecer estándares comunes que faciliten la transferencia de información y mejoren la competitividad global de la Región.
Estas alianzas no solo beneficiarán al comercio internacional, sino que también posicionarán al país como un referente en políticas de protección de datos en mercados emergentes. El cumplimiento de esta ley debe ser visto no como una carga, sino como una inversión estratégica para el futuro.
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