El aislamiento sanitario experimentado durante la pandemia generó un aumento en la cantidad de personas que realizan compras o transferencias en línea, lo cual implicó un alza en el número de estafas o defraudaciones en el comercio en internet por parte de delincuentes que se han aprovechado de dicho fenómeno.
Así lo reveló una encuesta realizada por la Universidad Autónoma, a más de 1.000 personas, mostrando que mientras en 2020 sólo un 12% afirmó haber sido víctima de este tipo de ilícitos, en 2022 esa cifra aumentó a 19%.
“Los modus operandi de los estafadores han ido perfeccionándose cada vez más, conformándose además bandas delictivas dedicadas en la materia, factores que pueden explicar el incremento de estos delitos”, señala el abogado especialista en Derecho Penal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Francisco Bedecarratz.
Los ataques mediante softwares maliciosos como, por ejemplo, virus, experimentaron un comportamiento similar. Más de un 50% de los encuestados dijeron haber vivido este tipo de eventos.
Un 33% del total de participantes dijo haberlo sufrido en los últimos 3 años, lo cual implica una victimización comparativamente alta por esta clase de ataques informáticos respecto de otras categorías de delitos.
“El número de personas víctimas de un ataque mediante un archivo malicioso es en realidad aún mayor, pues este tipo de softwares operan de forma insidiosa y sin ser detectados. Debido a lo anterior, en el 44% de encuestados que nunca han sido víctimas de ataques existe una cifra indeterminada, pero importante de personas, que ha sufrido la acción de un programa malicioso, sin percatarse de ello”, afirma Bedecarratz.
En redes sociales la realidad no es menos compleja. El aumento en su uso ha impactado también en una mayor exposición de los usuarios a riesgo de conductas ilícitas. Ello se traduce, principalmente, en la pérdida del control de las cuentas producto de un hackeo y, en algunos casos, la suplantación de identidad.
De todos los encuestados, el 30% respondió haber sufrido estas situaciones en los últimos tres años.
Facebook fue la red social más afectada por hackeos (54%), seguida por Instagram (16%) y Whatsapp (13%). “Esto es un fuerte indicador –detalla Bedecarratz- de la vulnerabilidad de los sistemas de esa plataforma (Facebook), y la necesidad de que esta desempeñe un rol más activo para mejorar los controles de autentificación de usuarios, como por ejemplo implementando un mecanismo de doble factor”.
El artículo 214 del Código Penal sanciona esta última conducta con una pena de reclusión menor en grado mínimo (61 a 540 días de privación de libertad), pero se discute la aplicabilidad de la norma a casos ocurridos en redes sociales o en internet. “Por este motivo, se han presentado diversos proyectos de ley orientados a sancionar esta conducta cuando es perpetrada en internet y cerrar, de tal modo, el vacío de punibilidad descrito”, agrega Bedecarratz.
Finalmente, el estudio realizado por la Universidad Autónoma mostró que la gran mayoría de las víctimas no realiza denuncias. De un conjunto de 533 personas afectadas, 97 las efectuaron ante Carabineros o la PDI, representando solamente un 18% del total.
“Las causas para ello -enfatiza Francisco Bedecarratz, pueden ser múltiples, tales como la desconfianza en el sistema judicial, el desconocimiento de los derechos en el ciberespacio, etc. Sin embargo, es indudable que la falta de denuncia y consiguiente persecución penal de tales hechos favorece la impunidad de los delincuentes, constituye un incentivo para la comisión de nuevos delitos de la misma especie en el futuro, y redunda en una situación de mayor inseguridad para la sociedad en conjunto”.
La gran mayoría de los participantes en la encuesta tampoco aplica una medida de seguridad adicional en sus sistemas computacionales. 58% afirma tener instalado un antivirus, lo cual hoy es insuficiente para hacer frente a las amenazas presentes en el ciberespacio. El 18% utiliza adicionalmente gestores de contraseñas, lo cual es representativo de una mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de los sistemas de autentificación en la red y de la necesidad de emplear mecanismos adicionales para garantizar la seguridad en distintos sitios web.
Por otra parte, destaca que una proporción muy reducida de encuestados emplea programas diseñados para detectar y desinstalar software espía o adware (5%) y sólo un 3% utiliza redes privadas virtuales o VPN, las cuales permiten cifrar la transferencia de información desde y hacia el equipo del usuario, resguardando la privacidad de la misma frente a intromisiones de terceros.
“Estos últimos dos datos son indicativos de una baja conciencia de parte de los usuarios acerca del valor de la privacidad en el ciberespacio y las medidas técnicas adecuadas para poder tutelar la debida reserva acerca del tráfico de internet y la información compartida por este medio”, concluye Bedecarratz.
