Pronto se iniciarán las discusiones en el Parlamento y el Gobierno respecto de la nueva Ley de Infraestructura Crítica: ¿qué es o para qué sirve? ¡Otra ley más! Algunos podrían exclamar.
El principio es bastante simple: existen cosas en la vida que son críticas y otras que no. Por ejemplo, habitualmente en el hogar tenemos algunas ampolletas de repuesto en caso que una falle por el tiempo de vida, una variación inesperada en la tensión eléctrica o algún accidente doméstico. Este tipo de situaciones son rápidas y simples de resolver.
Sin embargo, existen otras situaciones más complejas, donde no se puede sustituir un elemento por otro con la rapidez de un cambio de ampolleta. Un automóvil que entra un par de semanas al taller, nos afecta la vida diaria porque debemos ajustar varios comportamientos. A no ser alguien que tenga un auto adicional en casa, a exclusividad, para una inmensa mayoría, el automóvil sería un factor crítico para su quehacer y sobrevivencia, como lo sería para un taxista, un vendedor, un repartidor de pizzas o de encomiendas.
Existe otro nivel de mayor complejidad que afecta prácticamente al 100% de la población, como es la entrega de energía. En ese mundo se encuentran las compañías eléctricas, de agua potable, de gas. Incluso caben en esta denominación las empresas de telecomunicaciones, transportes y la minería. ¡Sí, la minería! (reafirmando a más de alguien que podría saltar sorprendido ante esta aseveración).
Ya hemos visto en el pasado que una huelga en la minería afecta el PIB del país significativamente. Los 43 días de paro en la Minera La Escondida generaron US$1 billón en pérdidas de producción, lo que produjo una contracción del 1,3% de la economía chilena en 2017, según el Banco Central.
¿Y si hubiese un problema de provisión de agua, o eléctrico? ¿Por qué los efectos no podrían ser similares? Y, obviamente, el “sueldo de Chile” se vería afectado en forma relevante.
Por lo tanto, poner énfasis en la continuidad de los servicios de abastecimiento de energía es fundamental para asegurar que el país pueda funcionar. Sin energía, casi todo muere, pues nada funcionaría normalmente. Y sin agua, no hay condiciones higiénicas para trabajar.
En los hogares la vida sería aún más dificultosa pues los servicios sanitarios se basan en el agua. Podemos sobrevivir sin agua en promedio entre 3 y 5 días. Imagínense un hospital sin electricidad. Aun con su propia fuente, pronto tendrá problemas. Los exámenes de laboratorio, de imagenología, de monitoreo, no podrán funcionar. Ascensores sin servicio. Agua sin poder entregarse en otros pisos. Operaciones sin poder efectuarse.
Quimioterapias, diálisis, respiradores artificiales y mucho que requiere la alta precisión digital, no podrán funcionar. Con celulares sin poder cargarse, no habrá posibilidad de comunicación. El transporte se debilitaría paulatinamente y las entregas de alimentos irían disminuyendo. Los supermercados al no poder registrar y controlar lo que entra y sale, irían dejando de prestar servicios. Y qué decir de la imposibilidad de utilizar los sistemas de pago electrónico ni sacar dinero del banco o de los cajeros automáticos.
Sin lugar a dudas, la vida de todos podría ser afectada completamente. Sin importar condición social, raza, credo, género. A todos nos afectaría por igual. Por lo tanto este es un tema que a todos nos debe importar porque estamos potencialmente expuestos.
Que no nos tome por sorpresa
Así de importante es esta futura ley. Una ley que -creo fuertemente- debiese basarse en un modelo de “Salvación Individual”, como la bautizó el Senador Kenneth Pugh, que permita la protección propia y luego con una actitud resiliente, con el resto. Así todos estamos atentos a lo que pase en el barrio, pues si una casa se incendia, ello deberá preocuparme pues, en algún momento, el fuego podría alcanzar la mía.
Y es este motivo central por el que debemos ser capaces de organizarnos debidamente, estructurar protocolos de prevención y respuesta, de manera que nos levantemos rápidamente si algo sucediese. Y tengamos la seguridad que sucederá. Una ley no lo impedirá. El punto será en qué condiciones de preparación nos encontrará tal evento. De esta manera, esta ley debiese prepararnos para estar listos y que no nos tome por sorpresa. La infraestructura crítica es un componente vital de la ciberseguridad y es preciso que lo entendamos y aceptemos como un proceso integrado y no algo fortuito e independiente, como estamos acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones.
Esperamos que con esta ley se acaben las instituciones del tipo “lobo solitario” y entremos en un modelo colaborativo e integrado, donde siempre el de al lado sabrá lo que pasa (y debería tener todo lo necesario para saberlo) porque no querrá ser afectado por su vecino, o por el vecino de más allá.
Estamos claros de que una ley de este estilo tomará tiempo. Sería imperativo que tanto el Gobierno como el parlamento internalicen lo crítico de este tipo de regulaciones legales y le confieran la celeridad que amerita.
¿En el corto y mediano plazo qué se puede hacer?
¿Cómo podemos avanzar sin esperar por el marco legal definitivo? En la Alianza Chilena de Ciberseguridad creemos que las regulaciones actuales a privados que tienen las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Electricidad y Combustibles (SEC), de Servicios Sanitarios, de Salud, Seguridad Social, de Pensiones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Transportes, y la Comisión para el Mercado Financiero, podrían ampliar su injerencia en materias relacionadas con la ciberseguridad, directa o indirectamente. Esto, que podría afectar la provisión de algún servicio, requiere de voluntad política y mayor conciencia, junto a un grado de innovación e imaginación para lograr cubrir el desafío de poder actuar lo mejor posible con el marco legal vigente.
La nominación de Jorge Atton como Asesor Presidencial en Ciberseguridad, sin dudas, le dará un grado de fluidez a estas oportunidades que tiene el sector público para impulsar los planes y acciones que se requerirán poner en marcha y así transformar los puntos de vulnerabilidad en fortalezas institucionales, creando en el camino la práctica y actitud de trabajo en equipo y de acción en comunidad.
La alianza, con una importante representatividad de instituciones sin fines de lucro, ya contribuye a este desafío del país, como un actor que colabora y facilita los diálogos entre diferentes jugadores, centrándose en la creación de mayor conciencia por la ciberseguridad en las altas directivas organizacionales.
Estamos frente a un gran tema país. Es complejo y lo sabemos. Otros ya lo han abordado y eso nos dará algunas buenas pistas. Esto no será suficiente sin el compromiso, conciencia y capacidad de todos para así poder ser parte de esta causa común. Sentimos que se están dando las condiciones. Vamos despertando. Hay más interés. Ojalá que sea más que otra moda más.
