Hace algunas semanas, fuimos testigos del primer caso a nivel latinoamericano donde se juzga el uso ilegal de licencias de software, ya que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo del Octavo Juzgado Civil que condena a una conocida clínica de la capital por utilizar software pirata. El fallo de la Corte de Apelaciones fue categórico al sancionar que el uso de software no autorizado es ‘piratería informática’.
La ADS (Asociación de Distribuidores de Software) valora este fallo, que sanciona el uso ilegal de licencias de programas computacionales, sin embargo, cabe destacar que nuestro país se encuentra aún muy atrasado en cuanto a políticas y acciones que protejan los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores de software.
En efecto, por tercer año consecutivo Chile está en la ‘lista roja’ que confecciona EEUU y que incluye a los países que poseen una insuficiente protección de la propiedad intelectual.
A esto se suma que, según el estudio anual de piratería de software que realiza IDC (International Data Corporation) y BSA (Business Software Alliance), la tasa de piratería en Chile asciende al 67%, lo que genera pérdidas por más de US$200 millones anuales para el país.
Por estas razones, ADS invita a analizar y proponer políticas públicas proactivas que generen un verdadero círculo virtuoso de la propiedad intelectual. Creemos que es necesario realizar un estudio económico para cuantificar las pérdidas anuales en Chile por la piratería de software.
Tomando conciencia
La ADS ofrece asesorías gratuitas y voluntarias a las empresas, con el objeto de que los gerentes o representantes legales de las mismas tomen conciencia de los riesgos que conlleva el uso de software sin el correcto licenciamiento. Estos riesgos son de índole sistémico (pérdida de información por fallas de seguridad), legales (incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual) y tributarios (según la Corte Suprema, la piratería por comercio clandestino es un delito tributario).
Y por último, la ADS desea posicionar en la agenda de discusión pública la situación que se vive en Chile relacionada con el no respeto de la propiedad intelectual de los desarrolladores de software y la necesidad de revertir las alarmantes cifras de piratería que dañan a una industria muy relevante del país, generando pérdidas de empleos y desprestigiando a Chile.
