Así lo detalla el informe “Getting Ahead of the Curve” de Transparencia Internacional, que advierte sobre las posibles tendencias que se instalarán con la pandemia y su impacto, siendo el aumento de la corrupción una de ellas.
Para empezar, vemos un retroceso de la hiperglobalización, ya que la mayoría de los gobiernos han actuado como silos para enfrentar la crisis, recurriendo a medidas extremas, las que incluyen fondos de emergencia, compras de insumos sanitarios y de alimento, aumento de la televigilancia y restricciones a la libertad, al mismo tiempo que se flexibilizan controles y protocolos, aumenta el comercio informal -ampliamente extendido hoy en el e-commerce- y se hace más difícil denunciar, preparando un escenario propicio para la corrupción. En estos meses han salido a la luz pública escándalos de corrupción e investigaciones sobre el tema en varios países de Latinoamérica, incluido Chile, principalmente sobre compras y licitaciones de insumos y servicios sanitarios para enfrentar la pandemia.
Pero la corrupción no solo es un tema del sector corporativo y de las empresas. Un reciente informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que más de 437 mil trabajadores recibieron el bono de clase media sin reunir los requisitos exigidos para ello, donde destacan 37 mil funcionarios públicos. El Ministerio Público ofició al SII para que remita el listado de todos los infractores, para evaluar la apertura de una investigación penal por los eventuales delitos de fraude de subvenciones y perjurio, en el marco de un caso que involucra US$256 millones.
Si bien hay elementos relevantes para evaluar la intención de defraudar de quienes recibieron el bono, como la claridad en la información de acceso al beneficio, se denota algo sumamente preocupante: ante la oportunidad de vulnerar una política pública, algunos deciden aprovecharse en beneficio propio.
Una realidad presente
Toda esta coyuntura nos refuerza una realidad. Uno de los problemas que enfrentamos como país es que hablamos poco de la corrupción (la micro y la macro), lo que da la equívoca señal de que no existe y que estamos lejos de parecernos a países donde hechos ilícitos están a la orden del día. Pero en Chile sí hay corrupción. La vemos en casos de gran alcance como el de las luminarias LED y en las municipalidades, o en otros más cotidianos como acceder a un beneficio sin cumplir los requisitos y aprovechar los vacíos del sistema.
Que la corrupción sea vista como una excepción y no como lo que realmente Corrupción y Compliance post pandemia es, una realidad presente, se debe al poco castigo social que damos a los corruptos y al hecho que en Chile se denuncia poco, ya sea por temor a represalias, porque no nos enteramos (o no queremos enterarnos) o porque muchas organizaciones, públicas y privadas, no cuentan con programas de Compliance que les permitan pesquisar hechos irregulares que ocurren frente a sus narices.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) advierte que el combate contra este flagelo ha perdido fuerza en la Región, porque los países han disminuido su capacidad de descubrir, castigar y prevenirlo.
Después de la pandemia el mundo estará más propenso a la corrupción, por lo que si no nos ocupamos de este tema ahora, el panorama no será muy alentador para los próximos años. Es fundamental que en Chile hablemos más de corrupción y hacer un llamado al sector privado, especialmente, a prevenir, denunciar y proteger a quienes denuncian. Es hora de pasar del dicho al hecho y hacer frente a la corrupción, para dejar de esconderla debajo de la alfombra.