Hace algún tiempo, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Representación Comercial (USTR), anunció su decisión de colocar a Chile en el nivel de “Priority Watch List”, también conocido como “Lista Roja”, debido a que nuestro país no estaría protegiendo suficientemente la propiedad intelectual.
La sola enunciación del problema ya es grave, toda vez que esta denuncia puede ocasionar la aplicación de sanciones económicas para Chile en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. Sólo otros 12 países forman parte de este magro listado, entre ellos China, Indonesia, Egipto, Brasil y Argentina.
Pero no sólo Estados Unidos ha levantado la voz por esta falencia de nuestro país. La Unión Europea también manifestó su preocupación, señalando que los problemas de protección de la propiedad intelectual en Chile son serios e importantes y no van a desaparecer por sí mismos.
En efecto, de acuerdo a las últimas estadísticas, en nuestro país dos de cada tres computadores operan en forma ilegal, es decir el 66% del software que hay es pirateado, y lo más grave es que esa cifra va en alza. Este porcentaje nos coloca entre los países más afectados por este fenómeno y la decisión de Estados Unidos indica que somos uno de los que menos hacemos por combatirlo.
Las pérdidas que la piratería genera en Chile sólo en materia de software alcanzan a US$109 millones, cifra que no considera lo que se deja de recaudar por concepto de impuestos o la merma en la producción de servicios relacionados con sistemas computacionales, tales como soporte, diseño o comercialización.
Es también necesario un cambio cultural
Solucionar este problema es fundamental para que nuestro país se convierta en una plataforma de desarrollo de software y de servicios en general. Según la USTR, nuestras principales falencias giran en torno a la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos, informáticos y audiovisuales. Se trata de un tema que afecta la imagen de todo el país frente al resto del mundo y que preocupa profundamente a la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, pues es determinante para la industria tecnológica nacional colaborar activamente en la solución de este importante y severo problema.
El 26 de Enero del 2007 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.160 que modifica a la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, ajustando los procedimientos en esa materia según lo acordado en los tratados de libre comercio firmados por Chile con Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio y otras naciones. No obstante, estos cambios están muy lejos de los compromisos adquiridos por nuestro país en las alianzas suscritas, y mientras éstos no se efectúen mantendrán a Chile en la “Lista Roja”, con serias consecuencias a nivel del comercio internacional.
Sin embargo, no basta con ajustes legales. Es necesario provocar también un cambio cultural que haga entender a los chilenos que la piratería es un robo y debe combatirse al igual que cualquier otro delito.
Nuestras autoridades políticas y parlamentarias -y, por qué no, el sector privado- tienen mucho que hacer al respecto.
