El consejo asesor de expertos consultado por Google para recibir ayuda sobre cómo aplicar la sentencia europea de derecho al olvido emitió su informe, en el que estima suficiente que la eliminación de enlaces se limite a las extensiones geográficas europeas del buscador.
El grupo de trabajo publicó una serie de sugerencias para la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y constató que en esta entran a veces en conflicto los derechos a la privacidad, la protección de los datos, la libertad de expresión y el acceso a la información.
A su juicio, el daño potencial que le pueda causar a un sujeto el acceso mediante buscadores a información en la que aparece ha de resultar determinante a la hora de decidir si eliminar o no enlaces.
Además, sostiene que el denominado derecho al olvido no debería ser interpretado como una legitimación de prácticas de censura o límite de acceso a la información.
“Desde luego, este fallo y la discusión a su alrededor han aumentado la conciencia de cómo proteger los derechos de los ciudadanos en la era digital”, indicó el órgano.
La compañía tecnológica estadounidense encargó hace cinco meses a un grupo de expertos independientes -que ha viajado por siete ciudades europeas oyendo a diferentes profesionales- el estudio de la sentencia.
El TJUE reconoció en mayo que los ciudadanos tienen derecho a ser “olvidados” en Internet.
Es decir, que pueden reclamar a Google y otros buscadores que retiren de sus resultados de búsqueda los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
Son Google y las compañías responsables de otros buscadores los que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.
Ese fallo judicial dictamina que la eliminación de esos enlaces sólo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados, y no establece que se elimine la información de la fuente de origen, sólo del buscador.
Entre sus recomendaciones, el grupo asesor de Google ha destacado que hay cinco elementos de procedimiento clave que el fallo no explicita: la primera es que el formulario para solicitar la retirada de enlaces sea accesible e inteligible y el tipo de información que ha de dar el solicitante.
El grupo recomienda notificar al origen de la información la retirada de enlaces “siempre y cuando la ley lo permita” -si bien las autoridades de protección de datos de la UE consideran que “no hay base legal” para esta práctica- e incluso ponerse en contacto con ellos para tener más elementos de juicio en los casos complejos.
También sugiere que si los editores y fuentes de información ven dañados sus intereses por la retirada de enlaces, puedan acudir a organismos públicos para recurrirla y estiman suficiente que la eliminación de enlaces se limite a las extensiones geográficas europeas de Google.
Además, pide a Google que sea transparente y explique sus criterios de aplicación de la sentencia e informe de estadísticas de casos.
A la hora de considerar si ha de retirar un enlace o no, el consejo insta al buscador a que estudie cuatro criterios: si la persona implicada es un sujeto de interés público, la naturaleza de la información, la entidad de la fuente que la publica y el tiempo que hace que se publicó.
Citando algunos ejemplos, es proclive al borrado de enlaces que contengan información falsa o imprecisa o detalles de la vida sexual de personas privadas, sin embargo considera que ha de prevalecer el derecho a la información en contenidos históricos, discursos políticos o religiosos o crímenes contra la humanidad.
“Nos está ayudando mucho escuchar múltiples puntos de vista en los últimos meses en Europa y consideraremos este informe como otro de ellos. También seguimos muy de cerca las guías que las Agencias de Protección de Datos Europeas nos están dando”, ha sostenido el Vicepresidente Sénior de Google, David Drummond.
Fuente: EFE
